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Hoy en Girardot se cumple audiencia de imputacion de cargos en caso Fundación San Martin

En Girardot, donde ha estado en los últimos meses a causa de una  (infección severa), se cumplió este miércoles la orden de captura del fundador de la Fundación Universitaria San Martín, Mariano Alvear, quien tendrá que responder por las irregularidades que llevaron a la intervención de ese centro de educación superior en noviembre del año pasado.

Sin embargo, por su estado de salud, Alvear no fue trasladado a Bogotá, y la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía pedirá detención domiciliaria, se realizará este jueves en ese municipio.

Tambien fueron capturados José Ricardo Caballero Calderón, representante legal y secretario general del plenum, y Juan Carlos Mahecha Cárdenas, jefe de la oficina jurídica.

La Fiscalía les imputará a Alvear y a los otros dos directivos cargos de concierto para delinquir, fraude, falsedad en documento, estafa y fraude procesal, por los que podrían pagar hasta 15 años de cárcel.

Se conoció que la Fiscalía tiene correos y testimonios que demostrarían que las directivas de la Fundación ordenaron abrir matrículas para programas que no estaban autorizados por el Ministerio de Educación, y que esas decisiones fueron ejecutadas por funcionarios de alto nivel, con pleno conocimiento de que estaban cometiendo un delito.

A pesar de esa prohibición, se recibieron 1.455 estudiantes, que pagaron más de 4.000 millones de pesos que no fueron consignados a la universidad sino a las empresas del grupo familiar. Por eso, el propio fiscal general, Eduardo Montealegre, aseguró este miércoles que los investigados “engañaron de mala fe a sus estudiantes” porque “la Fundación no podía ofrecerlos (los programas) ni admitir nuevos estudiantes”.

Esa práctica se realizó desde 2012 con estudiantes de los programas de Ingeniería de Sistemas, Odontología, Administración de Empresas y Medicina.

Durante la imputación de cargos a los capturados, la Fiscalía pedirá al juez de Girardot que se ordene revocar los actos con los que los directivos de la San Martin lograron levantar las órdenes de embargo de siete de sus sedes para luego venderlas a empresas del mismo grupo familiar.

Los investigadores encontraron que, desde 2005, esos bienes fueron embargados en cumplimiento de decisiones judiciales para responder por el pago de acreencias a trabajadores o por impuestos, pero con documentos falsos se levantaron esos embargos para vender los predios.

En esas maniobras, dicen los investigadores, se detectaron 14 modalidades de fraude y 18 falsedades.

Por todo esto, la Fiscalía considera que “hubo una estrategia coordinada para evitar pagos por demandas de los trabajadores, y como parte de ese plan se evitó que los recursos llegaran a la universidad y los pagos de los estudiantes fueron desviados a otras empresas, donde fueron usados como capital de inversión”.

Estas son tan solo las primeras decisiones del ente acusador en el caso, pues además de la apertura de procesos de extinción de dominio a los bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilegales, los investigadores estudian las conductas de otros seis directivos, entre ellos varios familiares de Alvear, que también habrían facilitado las irregularidades.

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